Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años
El informe establece que Espinoza vulneró diversos artículos de la Constitución al denunciar a parlamentarios que votaron a favor de la norma .
La Comisión Permanente del Congreso aprobó un nuevo informe final que recomienda la segunda inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza, exfiscal de la Nación. La decisión, aprobada con 16 votos a favor y 4 en contra, se sustenta en infracciones constitucionales vinculadas a la denuncia que presentó contra congresistas que respaldaron una ley que permitió a legisladores exmilitares percibir doble ingreso del Estado.
El informe establece que Espinoza vulneró diversos artículos de la Constitución al denunciar a parlamentarios que votaron a favor de la norma sobre doble percepción de remuneración y pensión. Sin embargo, resolvieron archivar las acusaciones penales que se le imputaban por presuntos delitos de función.
Con esta votación, el informe será trasladado al Pleno del Congreso, donde se definirá si se aprueba o rechaza la inhabilitación propuesta contra Espinoza. De aprobarse en el hemiciclo, la suspendida fiscal de la Nación quedaría impedida de ejercer función pública durante 10 años. Se trataría de su segunda sanción de este tipo, la cual no será acumulativa con la primera.
Informe final atribuye faltas constitucionales a Delia Espinoza y archiva cargos penales
El informe final aprobado concluye que Delia Espinoza incurrió en infracciones constitucionales por el ejercicio de sus funciones como fiscal de la Nación. Entre los cuestionamientos centrales figura haber impulsado una denuncia constitucional contra congresistas que, según el Parlamento, actuaron dentro de sus atribuciones al votar una ley.
La norma en cuestión permitió que legisladores exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional perciban de manera simultánea remuneración y pensión. Para la mayoría parlamentaria, la actuación de Espinoza al denunciar ese hecho excedió sus competencias constitucionales.
Pese a estos señalamientos, el informe precisa que no se acreditaron los elementos necesarios para sostener responsabilidades penales. Por ello, las acusaciones por abuso de autoridad y prevaricato fueron archivadas, quedando el caso limitado exclusivamente al ámbito político.
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